Delegación Colombiana: Jineth Stephania Niño Vargas, Jhoseph Ararat Sefair Morales y Brian Sebastien Moreno Peña

Introducción

Colombia es un país ubicado en el noroccidente de América del Sur, siendo el único país de la región que cuenta con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Tiene una superficie total de 2.070.408 km2, 1.141.748 km2 a nivel continental y 928.660 km2 de extensión marítima (Cancillería de Colombia, 2022). Alberga una población de 48.258.494, según el último censo realizado en el 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Colombia cuenta con fronteras terrestres con cinco países, al noroeste con Panamá, al sur con Ecuador y Perú, y al este con Brasil y Venezuela. Maritimamente limita en el océano Atlántico con Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, Venezuela y República Dominicana; y con Costa Rica, Panamá, y Ecuador en el océano Pacífico (Cancillería de Colombia, 2022).

El país se divide en seis regiones naturales de Colombia: Andina, Orinoquía, Amazonía, Pacífica, Caribe e Insular. Cada una de estas regiones cuenta con características de relieve, suelo, promedio de lluvias y altura sobre el nivel del mar diferentes (PROCOLOMBIA, s. f.).

Existe diversidad y diferencias entre regiones, razón por la cual Colombia cuenta con 91 ecosistemas acuáticos, marinos, terrestres continentales, costeros e insulares (IDEAM, 2017). En el país podemos encontrar sabanas, desiertos y bosques tropicales, hasta manglares, arrecifes coralinos y páramos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).

Como parte del compromiso del país por cuidar y preservar su diversidad ambiental, Colombia ha ratificado y participado activamente de los siguientes convenios y tratados internacionales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022a; CEPAL – Naciones Unidas, s. f.):

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Estado parte desde 1980.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Estado parte desde 1981.
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Estado parte desde 1990.
El Protocolo De Montreal. Estado parte desde 1993.
Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Estado parte desde 1994.
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Estado parte desde 1995.
Convenio de Basilea. Estado parte desde 1996.
Convenio de Ramsar sobre humedales. Estado parte desde 1998.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD). Estado parte desde 1999.
Protocolo de Kioto. Estado parte desde 2001.
Convenio de Cooperación para la Protección y el Desarrollo Sostenible de las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste. Estado parte desde 2002.
Protocolo de Cartagena. Estado parte 2003.
Convenio de Estocolmo. Estado parte desde 2008.
Convenio de Rotterdam. Estado parte desde 2008.
Comisión Ballenera Internacional (CBI). Estado parte desde el 2011.
Acuerdo de París. Estado parte desde 2018.
Convenio de Minamata sobre Mercurio. Estado parte desde 2019.
Acuerdo de Escazú. Firmado el 11 de diciembre de 2019, no se ha ratificado todavía.
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur. Estado parte desde 2020.

Políticas existentes en materia de cambio climático

A corte del primer semestre de 2021, se encuentran vigentes 10 políticas públicas ambientales, las cuales se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

La Política nacional de cambio climático fue formulada en el año 2016 y tiene como objetivo general que la gestión del cambio climático sea incluida en las decisiones de carácter público y privado, buscando reducir riesgos asociados al cambio climático, la emisión de gases efecto invernadero y logrando un país carbono neutral, todo mediante estrategias territoriales generales y sectoriales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

En la Política se han formulado estrategias nacionales de largo plazo como:

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones Debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal (ENREDD+)
Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
Estrategia de Protección Financiera Frente a Desastres
Estrategia Nacional de Financiamiento Climático

Objetivos específicos:

Orientar la gestión del cambio climático hacía ámbitos del desarrollo donde confluyen decisiones territoriales y sectoriales que afectan los sistemas más vulnerables y son fuentes significativas de emisiones.
Orientar la gestión del cambio climático al manejo y conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales.
Crear condiciones de ciencia, tecnología, información e innovación necesarias para avanzar en el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Generar los cambios institucionales necesarios para aumentar la efectividad de la gestión del cambio climático.

La implementación de esta Política requiere de realizar un seguimiento a los resultados alcanzados, con respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos y el avance del plan de acción (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). La Comisión Intersectorial de Cambio Climático es la encargada de realizar dicho seguimiento a través del plan de acción, donde se define y se regula los reportes de los procesos de mitigación y adaptación de las estrategias propuestas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).

La Política tiene una meta proyectada para el año 2030, en dónde se busca una disminución de las emisiones nacionales de GEI hasta de un 30%. Finalmente, las estrategias a largo plazo han sido planteadas con escenarios de 2030 y 2050, con actualizaciones cada 12 años, dónde se evaluarán los objetivos de mitigación de la emisión de GEI (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050 liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La cual tiene como objetivo para el año 2050, disminuir las emisiones de GEI mediante un desarrollo carbono-neutral y una resiliencia climática. Con esta estrategia el país reafirma el compromiso adquirido internacionalmente para lograr los objetivos propuestos en el Acuerdo de París (Estrategia de largo plazo E2050 Colombia, 2021).

REFORESTACIÓN

El Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, – artículo 229, señala que la reforestación consiste en el establecimiento artificial de árboles para formar bosques. Por su parte la Ley 101 de 1993, citado por Rivera Portela (s.f), la explotación forestal y la reforestación – ambas con carácter agrícola – entran en la órbita del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que implica que ambas actividades son beneficiarias de diferentes incentivos para la actividad agropecuaria. (p:5)

En el marco de la Ley 139 de 1994 por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal, cuyo fin es promover la realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal. Mediante este, el Estado colombiano reconoce las externalidades positivas de la reforestación, dando una bonificación en efectivo de los costos de siembra de plantaciones forestales con fines protectores-productores en terrenos de aptitud forestal.

En el año 2018 se formula la “Política de Crecimiento Verde” definida en el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES 3934, que tiene como objetivo impulsar a 2030 el aumento de la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima, en un periodo de implementación de 13 años entre el 2018 y 2030 (p:11).

Política Nacional Para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques definida en el CONPES 4021 (2020), brinda lineamientos de política para contrarrestar la deforestación y promover la gestión sostenible de los bosques. Mediante el análisis de las causas que inciden en los procesos de cambio de uso de suelo y pérdida de bosque natural, se identifican las acciones que el Gobierno nacional debe desarrollar de manera articulada con los sectores y comunidades, para que, desde el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios, se controle esta problemática y al mismo tiempo se promueva la conservación y manejo sostenible de los bosques. (p: 3)

Objetivo general: Implementar estrategias transectoriales para el control de la deforestación y la gestión de los bosques para impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario en los núcleos de alta deforestación (CONPES 4021, 2020)

Objetivos específicos

Consolidar alternativas productivas sostenibles que inciden en el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola.
Mejorar la articulación transectorial y la armonización de los instrumentos de planificación sectorial, territorial y ambiental para el control de la deforestación y la gestión de los bosques.
Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, investigación y judicialización para mejorar el control de las economías ilegales que promueven la deforestación.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

La energía es un elemento presente en todos los sectores económicos y productivos actuales, tiene su mayor reconocimiento en las leyes del mercado y normas de producción de esta. Por lo cual para entender la producción energética debemos ceñirnos a los procesos de planificación, regulación, proyecciones de crecimiento y la afectación al medio ambiente que puede generar los diversos compromisos con la comunidad internacional.

Mediante el Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN en adelante) a cargo de la UPME, se establecen los lineamientos y objetivo en materia de producción energética, seguridad en el suministro, mercados competitivos, cadena de suministro (un proceso de producción, transformación, transporte y consumo que incluya factores medioambientales adecuados) (UPME. P.16-19, 2019).

Basados en el PEN 2020-2050 Colombia ha comenzado a consolidar los requerimientos del mismo a través de acciones y estrategias intersectoriales que sentarán las bases para el proceso de transición energética del país. Al momento ha avanzado estructuralmente en la formulación del documento CONPES 4075 aprobado el 29 de marzo de 2022, que promueve la masificación de las energías renovables no convencionales, promoviendo nuevos energéticos y tecnologías para la consolidación de una matriz energética resiliente.

A la fecha de hoy existen 4 avances en materia de transición energética en el país que corresponden a la normativa del PEN y del CONPES 4075, entre los cuales encontramos:

Las subastas que adjudicaron contratos de largo plazo para la integración de proyectos de generación con energías renovables que permitirán contar a 2023 con una matriz eléctrica diversificada.

Al 26 de octubre de 2021 que fue la última subasta, encontramos los siguientes avances:

11 proyectos adicionales de generación en 9 departamentos del país.
9 empresas generadoras, 53 empresas comercializadoras
Aumento de 100 veces la capacidad instalada con respecto al 2018
Inversión cerca de 3,3 billones de pesos
Precio de 155,8 pesos por kilovatio/hora.

El desarrollo de un marco regulatorio y fiscal atractivo para el impulso de nuevos proyectos de generación de energía.
La inclusión de nuevos energéticos y tecnologías en la matriz de generación.
La formulación y aplicación de lineamientos para fortalecer las instituciones asociadas al sector minero energético.

Igualmente con el establecimiento de dicho CONPES se crean 97 acciones para consolidar el proceso de transición energética en el país, con un valor indicativo de 306.378 millones de pesos.

Además Colombia cuenta para el avance del PEN:

15 granjas solares
9 proyectos de autogeneración a gran escala

La transición energética es un paso vital para entender el futuro del mercado de la energía, debido al impacto global de los hidrocarburos al medio ambiente. El gobierno actual a través de la Política para la transición energética busca implementar un marco regulatorio que fortalezca los emprendimientos y utilización de dichas fuentes de energía. A ejemplo de esto están:

Ley 1955 de 2019 que reduce el cobro de IVA en paneles solares y elementos para su uso.
Ley 2106 de 2019 que facilita la obtención de incentivos tributarios para fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER en adelante)
Política energética en materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala, de la ley 1715 de 2014 por lo cual personas y empresas privadas pueden verse beneficiadas de la venta de energía autogenerada.
- En cuanto a dicha política Colombia ha avanzado con 1500 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala, que aportan una capacidad de 388 MV al 26 de octubre de 2021.

Adicionalmente se creó la Ley 2099 de 2021 con la cual se modifica la ley 1715 de 2014 y declara 3 aspectos fundamentales tal como lo menciona Lucía Soto Rincón:

Se declaran de utilidad pública y de interés social a las actividades de promoción y desarrollo de fuentes no convencionales de energía
Se crea el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge)
Incentivos en investigación, producción y desarrollo de proyectos de FNCE hasta el 50% de deducción de la renta de la inversión realizada.
Exclusión del IVA no solo en comercialización de paneles solares como la ley 1955 de 2019, sino en todos los proyectos de investigación, producción y desarrollo, más la exención del pago de derechos arancelarios de importación de maquinaria y equipos. (2021)

A nivel internacional, Colombia es responsable bajo los compromisos asumidos en la COP 21 y los objetivos de reducción de emisiones, el TCE (Tratado de la Carta de la Energía) que es fundamental al regular las disposiciones sobre competencia, acceso a mercados, tránsito y seguridad energética que han llevado a un avance en términos de regulación y cooperación energéticas en países como Chile y Colombia.

En cuanto a los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015, Colombia ha fortalecido dicho compromiso mediante el desarrollado la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia “cuyo papel será clave en el largo plazo para descarbonizar ciertos sectores de difícil electrificación” (Ministerio de Minas y Energia & BID, p.5. 2021) en las cuales contempla la utilización del Hidrógeno Renovable, Hidrógeno de bajas emisiones, Hidrógeno azul y verde como FNCE, que aportan en mayor medida al compromiso de temperatura media por debajo de los 2°C.

RECURSO HÍDRICO

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, establece objetivos, estrategias, indicadores y metas para el manejo del recurso hídrico en Colombia, incluyendo su manejo adecuado y prevención de la contaminación hídrica. Se establece un horizonte de 12 años (2010-2022) para la implementación y desarrollo de la Política (Viceministerio de Ambiente, 2010).

El objetivo general de la Política es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y su uso eficiente y eficaz, mediante la articulación del ordenamiento y uso del territorio. Así mismo, se busca la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta del recurso, considerando el agua como factor fundamental para el bienestar social y el desarrollo económico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022b).

Objetivos específicos:

Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos de los que depende la oferta de agua del país.
Demanda: Cuantificar, caracterizar y optimizar la demanda de agua en el país.
Calidad: Mejorar y garantizar la calidad del agua, así como minimizar la contaminación del recurso hídrico.
Riesgo: Desarrollar el manejo integral de los riesgos asociados a la disponibilidad y oferta del recurso hídrico.
Fortalecimiento institucional: Generar condiciones para fortalecer la gestión integral del recurso hídrico.
Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad del manejo integral del recurso hídrico.

Conclusión

Colombia es un país que cuenta con una fuerte normativa en cuanto a protección ambiental, que se consolida con reconocimiento de normativa y acuerdos internacionales, los cuales comprometen al Estado a establecer programas, plazos y resultados respecto al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, en la normativa revisada en este documento, encontramos que existe una carencia de proyectos de investigación y asignación de responsables que lleven a cabo cada una de dichas normativas, por lo cual existe un marco regulatorio muy completo que carece de fuentes de ejecución sistematizadas y planificadas, lo que debilita en gran medida su efectividad.

Finalmente, encontramos que las estrategias y normativas son establecidas para que sean cumplidas y ejecutadas por los ministerios, las corporaciones estatales y privadas, sin embargo, notamos carencia en la asignación de roles a los ciudadanos de a pie, los cuales son claves para promover nuevos modelos de cuidado y establecer estrategias completas, que permitan la denuncia y la veeduría de cada una de las políticas y programas establecidos.

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